VOX intenta terminar con el despilfarro de la Junta mientras Susana Díaz quiere taparlo tachándolo de «persecución»

VOX ha solicitado al Parlamento de Andalucía una relación con todos los nombres y apellidos de los empleados de las Unidades de Violencia de Género de la Junta de los últimos siete años. 

Alejandro Hernández, parlamentario del VOX por Córdoba, ha aclarado que el motivo de esta petición no es otro que investigar dónde han ido a parar los millones destinados por la Junta de Andalucía para ayudas vinculadas a la violencia de género. Además, el otro objetivo del partido es comprobar que los trabajadores encargados de trabajar con mujeres y menores maltratados están debidamente preparados para sus funciones, motivo por el que piden que todos estos profesionales se encuentren colegiados adecuadamente.

La petición, firmada por Francisco Serrano solicita la «relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género», sin duda una solicitud más que justificada, y en ningún caso debería ser motivo de sorpresa ni desaprobación -como sí que ha sucedido en el seno de la Cámara-.

Susana Díaz ha calificado la petición como una «persecución» y dice que le recuerda a «otros tiempos en que pensé que nunca tendría que conocer«. Es evidente que la hasta ahora Presidenta del Gobierno andaluz aun siente cierta nostalgia del cargo que ostentó tantos años en el que hacía y deshacía sin hacer ruido, pero la transparencia jamás debería calificarse como una persecución. 

También el actual presidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado que la «plantilla que lucha contra la violencia de género no peligra». Sin embargo, no es este el motivo que ha llevado a VOX a tomar esta iniciativa. Ha tenido seguramente mucho más que ver el hecho de que las ayudas no estén llegando a dónde deben, como ya hicimos público aquí en enero. En el Instituto Andaluz de la Mujer pudo comprobarse cómo tan solo el 2,8% de los fondos destinados llegaban a las víctimas.

Redacción CasoAislado
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