Un municipio de Suecia se enfrenta a una crisis fiscal por la elevada cantidad de refugiados: todos viven de las ayudas públicas

Crisis fiscal en uno de los municipios con más cantidad de refugiados en Suecia

Es habitual escuchar a los progres afirmar que la inmigración hace aumentar el bienestar social y que beneficia a la economía, pero parece ser, que en Suecia, los habitantes del municipio Filipstad, han visto de primera mano que esas afirmaciones son totalmente falsas.

Según informa la radio SVT, el municipio de Filipstad vive una crisis fiscal debido a la elevada presencia de inmigrantes y refugiados que viven de las ayudas. Esto, sumado a la elevada salida del municipio de los ciudadanos nativo, está provocando que la base impositiva local viva una grave crisis.

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Claes Hultgren, responsable municipal, ha explicado: «En el grupo de refugiados, el desempleo y la dependencia registran datos muy elevados, mientras que los niveles de educación son muy bajos. Existe un importante riesgo de que la economía municipal sufra una grave crisis».

A la carga fiscal que tiene el municipio debido a la elevada presencia de refugiados, la cual se ha triplicado en los últimos cuatro años, hay que sumar el éxodo de suecos que decidieron marcharse a otras zonas del país, principalmente de las personas en edad de trabajar.

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Es por ello por lo que también se está teniendo problemas en encontrar a personas formadas, puesto que la gran mayoría de los refugiados presentes en el municipio no dominan el sueco ni tienen la formación necesaria para trabajar.

Se triplica la ayuda que el municipio entrega a los refugiados

En los últimos años, ha habido un claro aumento de los recursos públicos que han ido a parar en manos de refugiados. En 2018, Filipstad pagó 2.7 millones de euros en ayudas a los refugiados, una cantidad que seguirá aumentando en 2019, siendo la previsión de 2,8 millones.

Ante esta situación, el municipio, que mantiene a unos 1.000 refugiados procedentes de países como Siria, Eritrea, Somalia, Irak, Afganistán entre otros países, ha solicitado al Estado que se haga cargo de «sus responsabilidades»