El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la moción aprobada por el Parlament de Cataluña el pasado 5 de julio para ratificar la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015.
Con esta admisión por parte del Constitucional, se suspende los apartados 1 a 5 de la moción, sin que haya advertencias personales sobre posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento, algo que sí ocurría cuando el Partido Popular estaba al frente del Gobierno, quedando patente que Pedro Sánchez no está por la labor de perseguir penalmente a los golpistas.
La moción fue aprobada en el Parlament con los votos a favor de Junts per Catalunya, ERC y la CUP con el fin de ratificar los objetivos políticos de una declaración anterior de 2015, por la que se iniciaba el proceso unilateral de la creación de una República catalana, desobedeciendo así a todas las instituciones españoles.
El texto aprobado en el Parlament también instaba al Govern a presentar, en un plazo de 90 días, el estado y el plan de ejecución de todas las medidas suspendidas por el Tribunal Constitucional, y en un plazo de seis meses en el caso de las normas anuladas.
