La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado los procesamientos dictados en la investigación del 1-O, lo que acerca la suspensión de Carles Puigdemont y los golpistas independentistas.
La Sala que revisa las decisiones del juez Pablo Llarena ha desestimado los recursos de apelación interpuestos contra el procesamiento dictado por el juez instructor por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.
Con esta decisión, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cinco golpistas actualmente encarcelados, están al borde de la suspensión del ejercicio de sus derechos como diputados, por lo que perderían sus sueldos y obviamente, no podrían volver a ejercer como políticos.
Esta medida no les retira el acta, pero les impide ejercer cualquier «función o cargo público». Será efectiva cuando el magistrado Pablo Llarena dicte un auto poniéndola en marcha.
Además, la Sala explica que es posible que exista una rebelión sin armas como respuesta a Jordi Cuixart: «Así pues, aunque la violencia debe estar necesariamente presente, cabe una rebelión sin armas. No se opone a ello la existencia en el Código Penal cuando se cometa con armas, pues no suponen otra cosa que previsiones legales para los casos más graves».
También se indica que «no es descabellado sostener en este momento procesal que existe un alzamiento cuando las autoridades legítimas de una Comunidad Autónoma, integrada como parte de España, deciden, desde el ejercicio del poder, derogar de hecho las Constitución, el Estatuto que garantiza y regula su amplísimo autogobierno, y el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus designios, sustituyendo todas esas normas por otras emanadas de sus propios órganos legislativos, negando con todo ello la autoridad del Estado y constituyéndose en un poder político absolutamente autónomo, utilizando de forma torticera un poder que les fue conferido con otras y muy diferentes finalidades»
