Se ha vendido la inmigración como el bote salvavidas de nuestro sistema de pensiones, el santo grial de la Seguridad Social. La realidad es bien distinta. Debemos distinguir entre dos tipos de inmigración; Por un lado tenemos una pequeña cantidad de inmigrantes legales, que vienen con su contrato de trabajo (normalmente bastante superior al SMI), y por otro lado nos encontramos la inmigración ilegal. Este segundo tipo supone un verdadero reto.
La inmigración no ha parado de aumentar desde principios de la transición. Si en 1981 los inmigrantes censados en España suponían el 0,5% de la población, en 2010 llegaron a suponer el 12,2%. La crisis hizo que una parte de ellos se marchara a países aún más complacientes con sus ayudas, quedando según datos del INE 4.572.807 censados en 2017, un 9,8%. En algunas comunidades el porcentaje llega a triplicarse, con un máximo de un 27,6% en Cataluña.
El esquema Ponzi de las pensiones
Se nos venden las bondades de la inmigración con el pago de pensiones. Desgraciadamente solo es una verdad a medias.
Si bien es cierto que las cotizaciones de aquellos inmigrantes con trabajo ayudan a pagar las pensiones, también es verdad que supone una mínima parte comparado con el dinero que éstos le cuestan a las arcas públicas año tras año.
El problema de las ayudas
Un ejemplo rápido son las ayudas al alquiler. Si bien como decimos durante el año pasado los inmigrantes (sumando legales e ilegales) suponían un poco más de un 10% de la población, el 40% de las ayudas al alquiler fueron destinadas para ellos. Llegando al máximo en el País Vasco, donde se llevaron el 52% de las subvenciones.
En el caso de las “paguitas” el dato es realmente alarmante. Si bien todos los españoles, sobre el papel, tenemos las mismas posibilidades a la hora de conseguir estas ayudas, la realidad es totalmente distinta. Cuando un español llega a la oficina del Servicio Público de Empleo, allí está recogida toda su vida laboral, sus propiedades, sus ingresos, los de su mujer y si tiene hijos empadronados con él también de éstos.
Cuando un marroquí recién llegado a nuestro país acude allí junto a su mujer, la pantalla del ordenador le aparece totalmente vacía. El marroquí puede tener 15 fincas, millones de euros en el banco en su país natal, y tener familia con ingresos suficientes para sustentarle.
La realidad en esta situación es que la concesión de los 426€ al marroquí sería inmediata, y al español, si tiene la desgracia de pasarse en unos céntimos de los baremos que el SEPE estima, se queda sin recibir un solo euro para poder comer.
Entonces, si estos inmigrantes están recibiendo ayudas, sanidad universal gratuita, se les está dando clase gratis a sus hijos, cursos de integración también gratuitos. ¿Cómo nos pagan las pensiones?
El esquema Ponzi al que me refería tiene que ver con ésto. En el caso excepcional de que toda la inmigración ilegal que recibimos cotizase y nos pagase realmente las pensiones, estaríamos hipotecando aún más nuestra Seguridad Social, ya que el día de mañana ellos también las cobrarían, así como sus descendientes y familiares que viniesen con ellos. En ese momento seguirían haciendo falta más jóvenes para seguir girando la rueda de las pensiones, pero en realidad, todo tiene un límite y quizá se está tensando demasiado la cuerda.
La financiación de las pensiones debe reformarse de manera urgente, para dejar de hipotecar un sistema del que millones de españoles dependen actualmente y que no para de aumentar año tras año.
Es de mal cristiano dar de comer al de fuera antes de tener saciado al autoctono. En las Sagradas Escrituras dice: «.. elevad vuestras plegarias al Señor, pues no es El, sino nosotros los que debemos cuidar al indefenso. Dad pan al extraño, pero antes asegurad que el propio haya comido. Limpiad las heridas del enemigo, pero antes curad las del hermano. Asid la hoz y no la dejeis, que si se os acerca un tio con cara rara le doblais el espinazo. Amen.»