Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, ha rechazado la libertad provisional indefinida que pidieron Jose Rull y Jordi Turull para poder tomar posesión y ejercer como consellers del nuevo Govern de Cataluña.
El magistrado sigue considerando que los golpistas pueden fugarse, además de volver a delinquir, es por ello por lo que Llarena ha decidido mantenerlos en prisión.
En un auto, el juez ha explicado que hace solamente cinco días, el pasado 17 de mayo, la Sala de apelación del Tribunal Supremo rechazó la libertad de ambos ex consellers, por lo que en este breve espacio de tiempo, no ha habido una modificación de los «parámetros básicos de evaluación del riesgo de reiteración delictiva».
Para Llarena, la determinación de los investigados de continuar con la ejecución del plan ilegal, muestra que «un eventual retorno de los procesados al Consejo de Gobierno de esa Comunidad, no sólo no desvanece o mitiga el riesgo de reiteración delictiva que trata de conjurarse, sino que lo potencia, más aún cuando el Presidente que pretende designarlos ha exteriorizado su voluntad y determinación de impulsar la república independiente ilegalmente declarada».
«La sugerencia no sólo se enfrenta a los relevantes e irreparables perjuicios colectivos que pueden derivarse de la inobservancia y de la violación del orden constitucional que se adelantaba en los designios reflejados en el Libro Blanco para la independencia de Cataluña, sino que oculta la naturaleza argumentativa del alegato, pues la potencial reversión de la medida que sugieren los recurrentes, resultaría fácilmente inalcanzable si se considera el riesgo de fuga existente y las dificultades de ejecución que -en tal coyuntura revocatoria- podrían surgir», se puede leer en el auto.
Además, Llarena recuerda el papel protagonista que tuvieron Rull y Turull en el proceso independentista: «Su intervención habría consistido en organizar e impulsar la ejecución del plan de independencia, aprovechando para ello las funciones ejecutivas que, como consellers, tenían en el anterior Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, hasta que fueron cesados con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española».
