Baleares lleva sufriendo la imposición del catalán desde hace numerosos meses. El Gobierno autonómico de las islas, formada por socialistas y nacionalistas y liderada por Francina Armengol, presidenta del Govern, ha tomado la decisión de perseguir y denunciar a los funcionarios que no usen el catalán en su jornada laboral.
La socialista Francina Armengol ha dado la orden de iniciar el proceso para crear la Oficina de Derechos Lingüísticos e imponer así el uso del catalán.
Para lograrlo, se han destinado, de momento, un mínimo de 100.000 euros, que servirán para tratar de imponer el uso del catalán en Baleares, lo que ha provocado la huida de numerosos funcionarios, sobre todo del sector sanitario.
Pero desde el Govern socialista, no se tiene la más mínima intención de permitir que solamente se hable en castellano, sino todo lo contrario. Se perseguirá a los funcionarios que no hablen en catalán.
El Govern ha anunciado que se «quiere facilitar herramientas para conseguir erradicar actuaciones contrarias al respeto de estos derechos (hablar en catalán). Es por este motivo que se pretende crear la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüístico», una Oficina que servirá para que se denuncien y se señalen a aquellos funcionarios que no hagan uso del catalán.
