Celsa Pico, titular de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre la incompatibilidad de las Administraciones Públicas para utilizar «banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos«. Esta sentencia supone un serio precedente para las autoridades separatistas de Cataluña, que han utilizado ese tipo de estrategias en varias ocasiones.
La sentencia original va dirigida al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que aprobó un acuerdo consistorial en el año 2016, por el cual reconocían la bandera nacional de Canarias, no reconocida en la democracia española.
Sin embargo esta sentencia creará jurisprudencia, y será un varapalo importante para los partidos separatistas. A partir de ahora, podría llegar a considerarse delito el simple hecho de colocar este tipo de banderas, como la estelada, aunque no sustituyan a las oficiales.
Fue la propia abogacía del Estado quien recurrió ante el Tribunal después de que el TSJ de Canarias fallase hace dos años a favor del Ayuntamiento.
