El Gobierno de Sánchez obliga a las empresas a explicar por qué pagan más a los hombres que a las mujeres

Pedro Sánchez sigue empeñado en legislar más allá de sus funciones, y la «Ley Calvo» de igualdad laboral -que en realidad no es ninguna ley, sino otro Real Decreto- exigirá a las empresas la justificación de los salarios a sus empleados cuando haya constancia de que el salario medio de los hombres es un 25% mayor que el de las mujeres de la plantilla.

La excusa del Gobierno para colar otra ley más como Real Decreto es la urgencia de la medida. Una urgencia que viene provocada porque en menos de sesenta días abandonarán el Gabinete, y tienen muchas opciones de no volver a sentarse en el sillón. Estas prisas están creando un texto que podría calificarse de chapuza.

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En primer lugar, Sánchez no tendrá en cuenta la categoría laboral de los empleados. Tan solo hay que leer el texto: “Cuando en una empresa con al menos veinticinco trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, se presumirá que concurre discriminación salarial por razón de sexo, salvo prueba en contrario que lo justifique por motivos no relacionados con el sexo de los trabajadores”.

Por poner un ejemplo, en una empresa con cinco empleados, donde haya tres mujeres y dos hombres, si uno de los hombres ocupa un puesto directivo y el otro atiende como dependiente junto a las tres mujeres en una tienda de ropa, la diferencia salarial ya superará ese 25% simplemente por el puesto ocupado por el primero de los hombres, y la empresa se verá en la necesidad de dar explicaciones de sus salarios, pese a que el dependiente cobre lo mismo que sus compañeras.

La medida se aprobará el próximo día 1 de marzo, en el Consejo de Ministros, a tiempo para poder dar un empujón electoral al PSOE en el día internacional de la mujer, que se celebrará la semana siguiente a la aprobación.

Si alguna empresa no llevase a cabo las «auditorias salariales» que establece el texto, el Gobierno le podría imponer una multa de hasta el 1,3% de su masa salarial.

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