Arranca el juicio del 1-O y lo hace con VOX teniéndolo claro: «Los golpistas no deben salir de prisión y deben ser declarados culpables».
VOX actuará como acusación popular. Fue en febrero de 2017 cuando instó a la investigación de unos hechos que desde el partido de Santiago Abascal creían que podían «ser constitutivos de delitos muy graves. Posteriormente se comprobó que estos delitos se venían preparando y cometiendo de manera continuada desde 2012, con especial incidencia en el intento de referéndum ilegal de 2014 (en el que iniciamos acciones judiciales por las que fue condenado Artur Mas). La comisión de esos delitos se hizo aún más evidente con el referéndum ilegal del 1 de octubre, y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017».
VOX acusa a los encausados de tres graves delitos: rebelión, organización criminal y de malversación de caudales públicos.
Por el delito de rebelión piden 25 años, por el de organización criminal, 12 años y malversación de caudales públicos, los mismos, 12 años.
«No son presos políticos»
Desde el partido presidido por Santiago Abascal han dejado claro que no se tratan de presos políticos, puesto que desde «ninguno de los acusados ha sido traído ante la Justicia por sus ideas políticas. En España existe libertad política y en esa esfera cualquiera puede defender sus ideas. De hecho, VOX combate las ideas separatistas en la esfera política».
Y esperan que la Justicia condene a los acusados de mayor responsabilidad a una pena de 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, un delito de organización criminal y un delito de malversación de caudales públicos.
