Pablo Llarena daba este jueves una lección a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El líder del Ejecutivo socialista manifestaba desde la OTAN que lo más importante es que Carles Puigdemont fuese juzgado por la Justicia española, dando a entender que aceptaba la decisión del tribunal alemán de juzgarlo solamente por un delito de malversación.
«Lo importante en términos de Justicia es que aquellas personas involucradas en los hechos del último semestre de 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles, y eso va a ocurrir», se limitó a decir.
«España es un estado democrático y de derecho, al poder ejecutivo lo del ejecutivo y al judicial lo del judicial. No tenemos nada más que hacer salvo acatar», continuó diciendo Pedro Sánchez en unas declaraciones que muestran claramente que el líder socialista quiere evitar los enfrentamientos directos con los líderes independentistas.
Pero el magistrado del Tribunal Supremo dio una lección de valentía e insistencia a Pedro Sánchez. Ante la escasa ambición del presidente del Gobierno por juzgar a Carles Puigdemont por un delito grave, Pablo Llarena no dudó en rechazar la extradición del golpista, puesto que la intención del juez es la de juzgarlo por el delito de rebelión, que conlleva penas de 20 años, muy lejanas a las penas máximas que se pueden imponer por el delito de malversación, quedándose en 12 años, aunque al tratarse de un delito económico, dicha pena puede disminuir si Puigdemont abonara el dinero malversado.
