El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha concluido el sumario de la causa del ‘procés’ en relación a los procesados, declarando la rebeldía de los procesados fugados y aplicando así la suspensión en las funciones y cargos públicos de Carles Puigdemont junto a Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Raül Romeva.
La conclusión del sumario supone que la competencia sobre el caso pasa a manos de la Sala encargada del enjuiciamiento.
Pablo Llarena explica que la medida de suspensión se debe a la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , dejando al Parlament de Cataluña la opción de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente por otros miembros de sus candidaturas.
La suspensión no se aplicará de momento a Antoni Comin al aceptar el juez su pretensión de recurrir en reforma el auto de procesamiento.
En el auto de conclusión redactado por Pablo Llarena, se explica que el artículo 384 bis de la LECRIM establece como medida cautelar la suspensión de las funciones de personas que «ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad».
El magistrado también explica que la suspensión quedará sin efecto si finalmente a los procesados se les atribuye un delito diferente al de rebelión o si bien, se revoca la prisión provisional y salen en libertad.
Puigdemont protesta la decisión del magistrado
Tras conocer la noticia, Carles Puigdemont no dudó en criticar «la calidad democrática del Estado»: «Esta decisión describe el nivel de calidad democrática del Estado. El voto de los ciudadanos, maltrecho por una «justicia» que sigue haciendo política. Será largo, pero vamos a ganar. La república debe hacer prevalecer los derechos fundamentales que la monarquía del 155 pisa».