Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Toni Comín podrían ser suspendidos por el Tribunal Supremo y perder así la condición de diputados.
Según informa el diario El Mundo, fuentes jurídicas creen que a finales de marzo, la instrucción quedaría finalizada, por lo que Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, firmaría el auto de procesamiento por rebelión.
Una vez el procesamiento fuera ratificado por la Sala de lo Penal, entraría en vigor el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que no podrán seguir ejerciendo la labor de un cargo público: «El procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
Pablo Llarena podría suspenderles sin esperar a concluir la investigación, aunque el magistrado del Tribunal Supremo esperará para llevar a cabo la suspensión, lo que cerraría la puerta a una nueva participación de Puigdemont y el resto de golpistas en las elecciones si se llegaran a repetir.
Pese a que la Ley de Régimen Electoral General no incluye que el procesamiento por un delito de rebelión sea un motivo de inelegibilidad, fuentes jurídicas creen que dicho delito debería afectar su presencia en las listas.
Pero las opciones de Puigdemont dependen de los plazos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En el caso del TC, las medidas cautelares contra su investidura telemática siguen vigentes. No hay fecha para se levanten. Si antes de que se disuelva el Parlament, se admite a trámite el recurso del Gobierno, se activaría la suspensión de cinco meses mientras no hubiera una resolución sobre el recurso.